Inicio Eólica ¿Qué es el PERMER? Avances y desafíos de la electrificación rural

¿Qué es el PERMER? Avances y desafíos de la electrificación rural

Financiado por el Banco Mundial, este programa ya cuenta con veinte años de historia en nuestro país y busca llevar electricidad a las poblaciones rurales que no tienen acceso a la red.

Hace poco menos de un mes, la Secretaría de Energía comunicó que el Banco Mundial extendió hasta junio de 2022 un préstamo de USD 170 millones para el desarrollo de las energías renovables en el ámbito rural. El crédito internacional se otorgó en el marco del PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), un programa cuya primera implementación se dio en 1999 y que encuentra su razón de ser en la búsqueda de una solución a la problemática de la electrificación rural en nuestro país a partir del uso energías renovables.

Hoy, con veinte años de recorrido, el programa muestra que se ha avanzando en la materia de la misma manera que continúa acarreando limitaciones y restricciones que, más allá de los gobiernos de turno, tienen que ver con la naturaleza del financiamiento internacional.

En diálogo con EOL, María Schmukler, diseñadora industrial, doctorada en Ciencias Sociales y Humanidades, y becaria del CONICET, explica que “el PERMER es la principal política públicas destinada a resolver la electrificación rural”. “Es una política nacional que se distribuye a las provincias que quieren participar. Cada provincia decide si quiere participar o no y eso lleva a que haya casos de implementación del PERMER totalmente distintos”, sostiene.

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Cuando se inició, a fines de los 90′, la falta de acceso a la energía eléctrica por parte de una gran cantidad de comunidades rurales desperdigadas a lo largo y ancho del país era una problemática más acentuada que en la actualidad. No obstante, hay obstáculos con los que la población rural en Argentina continúa lidiando, como el índice alto de dispersión habitacional y la baja densidad demográfica. “Por un lado – señala–, está la extensión del territorio y, por otro, cómo están diseñadas e implementadas las redes de energía. Toda la infraestructura que distribuye la energía eléctrica en Argentina no conecta a poblados de pocos habitantes y eso siempre significó un problema. Es muy costoso ampliar la red para con un fin que no va a ser lucrativo. Por lo general, se trata de gente que no podría pagar una tarifa normal”.

Frente a este panorama es que surgieron las renovables como una alternativa, y “la principal decisión tiene que ver con generar pequeños nodos en los que se produzca energía en forma distribuida y autónoma”.

De cualquier modo, en el afán de llevar las renovables a las poblaciones rurales –o “aglomerados de exclusión”, como los llama Schmukler en un trabajo de investigación sobre los alcances y limitaciones del programa– se presentan varias trabas en el mero hecho de acceder a estos lugares. Durante la investigación en la que trabajó y estudió el desarrollo del PERMER hasta el 2015, tuvo la posibilidad de visitar, entre otros rincones del país, la provincia de Corrientes, y recuerda que “en algunos lugares nos decían que había mucha gente viviendo en islas o sitios muy aislados, y te contaban la odisea que significaba poner un panel en esos rincones. De esos casos hay un montón en todo el país. Después también podés tener un camino en el que llovió y se inundó todo, o no hay camino”.

Hay un factor común que parece persistir y es el de la dificultad de acceder al lugar en cuestión. En muchos casos, la noción de aislamiento data de antes de la pandemia y no es solo en cuanto al acceso a la electricidad, sino a la de todo tipo de redes, como el transporte, por ejemplo. Según entiende la investigadora del CONICET hay una realidad y es que “el Sistema Interconectado Nacional fue ideado para fomentar y conectar el desarrollo de las ciudades y localidades que participan del modelo productivo nacional”.  

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La investigación que realizó ella se concentró en el caso jujeño, en donde tuvo lugar la implementación del primer PERMER. Las estadísticas más cercanas en el tiempo muestran que, en 2013, este programa alcanzaba a cerca de 30.000 personas de distintas comunidades rurales en el país. La mayor cantidad de pobladores sin acceso a la energía eléctrica a los que alcanzaba la iniciativa se concentraban en Salta (7.066), Jujuy (4.766) y Chaco (3.888). Luego venían Tucumán con 2.723 personas y Neuquén con 2.446.  

“Lo que fue pasando en Argentina es que hubo algunos procesos de adecuación por situaciones propias de la Argentina, como la crisis del 2001, que de repente llevó a que todo lo que estaba dolarizado no se podía consumir. Se tuvieron que reajustar un montón de cosas. La gente que en ese momento estaba en el PERMER logró hacer adendas al contrato inicial para generar flexibilidad en el modo de llevar adelante el programa”, dice.

De cualquier modo, hace la salvedad de que el acceso a la electricidad que se plantea desde esta política es bastante básico: “no es el acceso que tenemos en las ciudades. Las personas que en su casa tiene un panel solar pueden conectar un par de lámparas, una radio y cargar un celular. Aquellos equipos que consumen mucho no se pueden conectar, es sólo para iluminación y para conectar un ventilador o una notebook, por ejemplo”.

Paquete cerrado

Con la idea de “generar flexibilidad”, Schmukler se refiere a que, desde el vamos, el programa no cuenta con mucho de ello. Según pudo observar en la experiencia argentina y en otras partes de mundo, en el ADN del PERMER –como programa de financiamiento de un organismo internacional que es– está la noción de transferencia de tecnología bajo un sistema en el que los artefactos utilizados y el know how “son importados como un todo blindado, sin posibilidad de desagregar sus elementos periféricos o modulares con el objetivo de desarrollarla in situ”.

Amplía esta idea y asegura, lisa y llanamente, que “esto es una receta del Banco Mundial sobre cómo tienen que electrificarse los países del Tercer Mundo. Es una receta que vino y quisieron imponerla como un paquete cerrado, en el que hay que ir al lugar, llevar los paneles, instalarlos, alguna empresa privada se tiene que hacer cargo de que eso se mantenga ya que como cualquier tecnología se puede romper o utilizar mal. Y de esa manera se soluciona el problema. Es una mirada super lineal de cómo solucionar un problema que, si bien puede tener una solución tecnológica clara, requiere una visión sociotécnica que contemple que hay personas que van a interactuar con esa tecnología”.

De esta manera, las posibilidades de que el PERMER introdujera cambios al enfoque otorgado por el Banco Mundial siempre fueron escasas, ya que “los acuerdos de préstamo vienen con cláusulas que explican cómo se tiene que implementar el programa”. El problema fundamental que implica esta mirada es, según ella, que no termina dándose un conocimiento real y fidedigno de la realidad de la comunidad a la que se está llegando.

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El querer llevar una fórmula y aplicarla por igual en cualquier lado se desentiende de las necesidades particulares de los pobladores. Sin un estudio previo de esas múltiples realidades, la implementación puede fallar: “En el único lugar en el que se pusieron molinos es en Chubut y no funcionó. No se contaba con un sistema de mantenimiento que pudiera sostenerse. Y después, cuestiones propias de la tecnología como que los molinos interfieren con las ondas de radiofrecuencia. Cuando vos vivís en el campo, tu principal medio de comunicación es la radio. Mucha gente paraba el molino por esa razón”.  

En 2007, se hizo una encuesta a los usuarios sobre cuál era su mayor necesidad energética y el resultado, cuenta, fue que la mayor necesidad era térmica y no eléctrica. “Había armado un programa de electrificación, cuando en realidad lo que la gente necesitaba era calentar el agua”, agrega. Este tipo de escenario son los que dan la pauta de los problemas con que se puede encontrar un programa de este tipo sino existe un espacio previo de diálogo con las comunidades.

“Para mí, lo importante es pensar que ninguna tecnología es en sí misma, sino que es en la sociedad en la que se la ubica, produce y consume. Hay que entender cómo cada usuario se va a poner en contacto con esa tecnología”, dice.

Subejecución

En 2015, fue adjudicado el tercer préstamo del Banco Mundial por un monto de USD 200 millones. De ese monto total, la Secretaría de Energía, señala que durante el gobierno anterior “se utilizó sólo el 15 por ciento de los recursos destinados para el desarrollo energético rural”. A partir de su inmersión en la implementación del programa, María Schmukler coincide en que el nivel de subejecución fue muy alto.

“Durante el gobierno de Macri lo único que hizo el PERMER fue implementar un subprograma, que consistió en la instalación de unos sistemas a través del cual se benefició mucho una ONG que los vendía y que estaba muy conectada a la coordinación de ese entonces. Se encontraron vínculos entre la ex coordinación y las empresas que estaban proveyendo no sólo equipamiento, sino también asesoramiento. Gran parte del presupuesto que sí se ejecutó fue en asesorías a ONGs que estaban vinculadas”, dice.

Es algo más optimista en cuanto lo que se pueda dar de acá en adelante. Entiende que con la coordinación actual tiene una visión en la que se incluye el intercambio con la pobladores rurales a la hora de acercarse a ellos. Históricamente, explica, hubo una visión muy del Banco Mundial de “un poco energía es mejor que nada”, y cree que esta coordinación “está haciendo todo lo posible para cambiar esta mirada. De hecho, el área Social, Ambiental y de Género antes no existía dentro del PERMER”.