Inicio Electricidad ¿Qué debería hacer el Estado con las concesiones hidroeléctricas que vencen?

¿Qué debería hacer el Estado con las concesiones hidroeléctricas que vencen?

Con el vencimiento de las privatizaciones a la vuelta de la esquina, el sector comenzó a debatir cuál es el mejor modelo para gestionar y construir nuevas represas.
blank
El Chocón.

La era de las privatizaciones hidroeléctricas está llegando a su fin y la industria energética comienza a debatir qué sistema de gestión elegir a partir de 2023 cuando venzan las concesiones otorgadas por Menem.

Como explicó EOL, el secretario de Energía Darío Martínez dio el puntapié inicial al anunciar una gran auditoría para conocer el estado de cada represa y las obras necesarias tanto para su mantenimiento como para poder ampliar su capacidad si llegara a ser posible. Una medida celebrada por la mayoría de los especialistas, pero que no deja de ser apenas el elemento básico que necesita el Estado para tomar una decisión que determinará las próximas décadas no sólo de la política hidroeléctrica, sino de toda la matriz energética.

Tal como indica la lógica, cada una de las partes involucradas hará sentir su capacidad de lobby para quedarse con un negocio que ofrece una importante renta y no exige grandes gastos al haber cumplido su ciclo de amortización.

[Martínez anunció una auditoría para las hidroeléctricas y empieza el debate por el fin de las concesiones]

Las empresas que están operando las represas actualmente buscarán una prórroga de las concesiones. En tanto, los gobiernos provinciales intentarán quedarse con el control de las usinas bajo su territorio o al menos participar de la futura gestión, como dejó en claro el representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Elías Sapag, aunque el gobernador Gutiérrez no se haya expresado al respecto.

Otro neuquino que tendrá una voz importante será Carlos Ciapponi, el presidente de la mayor distribuidora eléctrica de la provincia que está asesorando a título personal a Darío Martínez. “Yo estoy colaborando en un documento sobre el tema hace un par de meses. Explico cómo funciona, qué interpreto de las normas y leyes vigentes, y cuáles son las alternativas. Luego, la decisión es del secretario y sobre todo del presidente”, le cuenta a este medio y destaca su preferencia por la participación de las provincias.

Que las provincias se hagan cargo significaría una verdadera donación que solo podría ser viable mediante la sanción de una ley nacional

“Entiendo que deberíamos tener más encuentros a los intereses locales y alguna participación en la operación y el mantenimiento”, dice el titular de la cooperativa, que así desata la polémica con institutos energéticos como el Mosconi, que se muestran contrarios a esta salida.

“Las represas tienen que volver al Estado Nacional, no a las provincias. Las provincias pueden tener participación, pero el dueño es el Estado Nacional como dice el contrato vigente. Es el Estado Nacional el único comitente que puede acometer las importantes obras que puedan ser necesarias para ampliar capacidad. Ninguna provincia ni ninguna empresa privada están en condiciones de acometer esa tarea”, afirma el ex secretario de Energía y presidente del Mosconi, Jorge Lapeña, en diálogo con EOL.

[Por la baja en el Paraná, Yacyretá está generando un 30% de su capacidad instalada]

En el mismo sentido se expresó un grupo de profesionales de la ex Hidronor, quienes redactaron un documento con un análisis técnico con las mejores soluciones posibles para el futuro de la administración hidroeléctrica.

“No hay un sesgo político ni ideológico si es mejor la concesión privada o la concesión pública. Lo importante es el rol del Estado regulando las mismas adecuadamente y asegurando su correcta operación y recuperar la capacidad de volver a hacer aprovechamientos hidroeléctricos multipropósito, que se ha perdido desde los años noventa”, explicó a este medio Roberto Fagan, ingeniero eléctrico miembro de dicho grupo y actual consultor energético.

Respecto al rol de las provincias, los ex Hidronor sostienen que “los activos se encuentran registrados bajo titularidad de la Nación y las obras fueron costeadas mediante recursos aportados por la totalidad de la Nación”. Por lo tanto, “que las provincias se hagan cargo significaría una verdadera donación que solo podría ser viable mediante la sanción de una ley nacional”.

El país podría construir nuevos embalses sin pedir fondos al Estado ni subsidios, sino usando adecuadamente la renta que producen las propias centrales actuales

En lugar de ello, los expertos sugieren la creación de una empresa pública nacional que siga el ejemplo de lo que fue Hidronor -que siempre fue reconocida por su buena administración-, admitiéndose en calidad de socias a aquellas provincias que demostrasen interés y aportasen capital.

“Debería ajustarse a determinadas premisas que garanticen su eficiente funcionamiento como un directorio calificado e independiente, una estructura empresarial inicialmente pequeña y que esté dotada de exenciones tributarias”, dicen.

Lapeña también distingue el ejemplo de Hidronor como faro a seguir y agrega el modelo de la central binacional de Salto Grande ubicada sobre el río Uruguay a la altura de la ciudad de Concordia. “Estamos en contra de la burocratización de las empresas del Estado, pero la experiencia nos muestra que la central de Salto Grande es sumamente eficiente y no tiene ningún vicio. Hay que repetir esas experiencias exitosas”, insiste.

Para Lapeña, el principal beneficio de una gestión pública sería reducir los costos del sistema y conocer con mayor precisión cuánta energía hidroeléctrica se podría agregar en el país para revertir el sendero decreciente de las últimas tres décadas donde la participación hidráulica sobre la generación eléctrica bajo del 50% al 22%.

En tanto, los ex Hidronor son todavía más optimistas y consideran que el país podría construir nuevos embalses sin pedir fondos al Estado ni subsidios, sino usando adecuadamente la renta que producen las propias centrales actuales y, al mismo tiempo, comercializar la energía a precios asequibles para los sectores de menores ingresos cubriendo el porcentaje de consumo de la tarifa social.

[Crecen los problemas en las represas de Santa Cruz y surgen versiones de replantear el proyecto]

“El Estado Nacional podría obtener fondos propios genuinos, asignando con destino específico una porción porcentual de las ventas de energía de las centrales hidroeléctricas bajo una nueva concesión, a través de la creación de un nuevo cánon. Los fondos deberían ser constituidos como un Patrimonio de Afectación y cuya correcta administración sería asegurada mediante un Fideicomiso”, proponen.

“Calculando un precio a la mitad del mayorista actual de 65 dólares, la venta bruta de energía sería de 570 millones dólares al año. De los cuales 15% se irían en pagar regalías y cánones hoy vigentes, y un 10% en costos de seguros, operación, mantenimiento y sueldos. Quedarían disponibles 428 millones por año, una cifra muy significativa y más que suficiente para invertir en los nuevos aprovechamientos hidroeléctricos”, precisan.

La opción de una nueva concesión privada no es descartada por este grupo de expertos, aunque aclaran que los excedentes para destinar a construir nuevas represas serían menores. “En ese caso, proponemos la creación de un nuevo cánon que deberá ser abonado mensualmente calculado como un porcentaje del 40% de las ventas de energía, que significaría unos 300 millones de dólares anuales”, entienden.