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Por qué el nivel actual de subsidios energéticos va en contra de los compromisos ambientales

Una segmentación tarifaria acertada podría mejorar la eficiencia del consumo y evitar derroches en sectores de altos ingresos. La opinión de la Cepal.

En tiempos donde la producción y el consumo eficiente de la energía son una exigencia institucional global, los subsidios a las tarifas eléctricas Argentina, rediscutidos a partir del dilatado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dejan ver un trasfondo de ineficiencia e inequidad al comparar Argentina con los consumos residenciales de diferentes países latinoamericanos.

Según un informe de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), las políticas tarifarias de México y Argentina tienen algo en común: una visión de corto plazo que se acomoda a intereses electorales. La segmentación tarifaria entonces, no sería una imposición del FMI, sino una necesidad la Argentina de reacondicionar sus objetivos mirando el Acuerdo de París, para contribuir (y recibir los beneficios de esas contribuciones) a la prevención del cambio climático.

Una investigación liderada por Eva Alfredsson sobre las formas de afrontar el cambio climático y la dependencia energética aboga por la reducción de consumo. Otros investigadores sugieren desanclar el crecimiento del PBI del consumo energético. Escribe Alfredsson: “Las agendas globales necesitan enfocarse en cómo establecer sistemas económicos que puedan apoyar el bienestar de las personas y la satisfacción de sus necesidades mientras simultáneamente reducen los flujos globales materiales y de energía y materiales, y en reconciliar intereses contrapuestos dentro de los países y alrededor del mundo”.

De acuerdo a la Cepal, la tarifa eléctrica promedio para usuarios residenciales en la Argentina es inferior a la mayoría de los países de la región. Sólo pagan menos en Paraguay y en Venezuela.

El precio promedio de la electricidad para consumos de 125 kwh  en los hogares argentinos, en 2018, durante la reconstitución tarifaria propuesta por el gobierno de Mauricio Macri, era  de 4,3 centavos de dólar por KW, mientras que en Uruguay era de 23,6.

Ese valor era tres veces inferior al promedio regional de 11 centavos de dólar. A partir del retraso tarifario registrado durante los últimos años, esta relación sería aún más pronunciada.

Según el informe, que lleva la firma de Rubén Contreras Lisperguer, cuando se miden los consumos de 300 Kwh mensuales, las tarifas eléctricas en la Argentina tienden a acercarse al promedio latinoamericano con unos 9,2 centavos de dólar, pero aún son inferiores a las de países como Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia, Panamá o Costa Rica.

[Las tarifas deberían subir hasta un 50% para que el Estado no aumente subsidios al gas]

Esos niveles tarifarios les permiten a las familias argentinas consumir más. Así el país es el tercero en consumo promedio per cápita detrás de Uruguay y Venezuela con 84 kwh promedio por mes. Chile, con 61 kwh/mes y Brasil, con 54 kwh superan levemente los consumos promedios de América Latina que rondan los 49Kwh por mes. Mientras que los menores consumos se dan en Colombia, México, Ecuador, Perú y Bolivia.

Ese consumo regional creció en el decenio 2008 – 2018 un 25% y los hogares participan en América Latina de un 25% de consumo total de electricidad. En tanto, los consumos residenciales en la Argentina se llevan una porción más grande de la torta total: 29%. En Brasil, esa participación del consumo hogareño es del 22%, en México del 18% y en Chile de apenas el 15%.

“Los subsidios de servicios públicos a los consumidores de electricidad a menudo se justifican como un mecanismo para hacer que los servicios sean asequibles para los más pobres”, dice el informe. Sin embargo, en la Argentina el precio final de la energía eléctrica tiene una carga impositiva promedio de un 32% debido a un doble gravamen. Sucede que cada provincia, incluso cada municipio, tiene la potestad de crear imposiciones sobre la tarifa. De esta manera se genera una situación paradójica, los subsidios, que en los discursos se enuncian como una manera de aligerar la carga impositiva de las familias de menores ingresos, se transforman en una forma indirecta de transferencia de fondos desde el estado nacional a las provincias o municipios.

Según un estudio comparativo de las tarifas de energía eléctrica residenciales en la Argentina, realizado por Leandro Marcó y Balbina Griffa en la Universidad de San Martín, provincias como Neuquén o San Juan mantienen valores decrecientes para mayores consumos.

La segmentación energética exigida por el Fondo Monetario Internacional buscaría que los sectores de mayores ingresos paguen mayores tarifas. Ese objetivo también esgrimían las políticas del gobierno de Mauricio Macri para el sector. Quedan abiertas preguntas ¿Cuál es la responsabilidad de las distintas jurisdicciones en el precio final de la electricidad? ¿Qué herramientas tiene el gobierno nacional para, al menos lograr saltar la brecha tarifaria?

La distorsión tarifaria argentina es tal que, las diferencias tarifarias son tantas que un usuario de La Rioja, por ejemplo, paga un 153% menos por la misma cantidad de energía que otro en Córdoba. Otras distorsiones ostensibles quedan en evidencia: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito con mayor ingreso per cápita del país es el segundo con menores tarifas detrás de La Rioja y por delante de Misiones, Jujuy o Chaco. Detrás de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y Neuquén soportan las tarifas más altas, seguidas de Santa Fe y Entre Ríos.

Según un informe de ASAP, los subsidios energéticos (gas y electricidad) fueron de 9.840 millones de dólares y aumentaron 133% en relación a 2020, aunque otros estudios los colocan en torno a los 11.000 millones.