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Para Neuquén, el acuerdo con los mapuches no le traerá complicaciones al gasoducto

El secretario provincial Jorge Lara dijo que la obra no pasa por tierras de las comunidades y afirmó que se malinterpretó el protocolo con los pueblos originarios.

Luego de la polémica desatada por la firma de un protocolo que obliga a una consulta previa con las comunidades mapuches antes de realizar obras en territorios neuquinos que reclaman como propios, desde el gobierno provincial salieron a poner paños fríos y aseguraron que este convenio no pone en riesgo la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

“Las tierras por las que pasa el gasoducto son fiscales y luego dos privadas, por las que los propietarios ya están cobrando servidumbre a las empresas que están trabajando”, dijo el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara.

Según el funcionario, la obra no pasa por tierras de ninguna comunidad y además, no estaría afectada por este protocolo ya que regula solamente las obras contratadas por la provincia y no las nacionales como en este caso.

El tema generó nerviosismo en toda la industria no sólo por el gasoducto en sí  mismo, sino por todos los desarrollos hidrocarburíferos que muchas veces se llevan a cabo en zonas que los mapuches reclaman como propias, aunque no se las reconozcan.

[Techint fue adjudicado en el primer tramo del gasoducto y se encamina al segundo]

No obstante, en Neuquén insisten en que hubo una mala interpretación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Es un convenio que está por arriba de las leyes nacionales y abajo de la Constitución Nacional. Es obligatorio por una ley nacional desde hace 15 años, que demanda a que cualquier comunidad que tenga tierras y sea afectada por una obra, tenga que consensuar y acordar cuál es el daño que le pueda producir esa obra en su tierra”, dijo Lara.

Por su parte, el gobernador Omar Gutiérrez calificó como un encuentro “excelente” el llevado a cabo con las comunidades de pueblos originarios para “aunar criterios y establecer un protocolo que respete el derecho de las comunidades preexistentes y potencia el desarrollo provincial y de Vaca Muerta”.

Quien sí cuestionó duramente la iniciativa del gobernador fue el diputado Pablo Cervi de Juntos por el Cambio que afirmó que el gobierno provincial cedió ante “las presiones de grupos que ya intentaron extorsionar al gobierno nacional y que no buscan más que beneficiarse con una obra que pertenece a todos los argentinos”.

“Esta consulta que impulsa Gutiérrez les otorga un derecho que no tienen porque en el departamento de Añelo no había mapuches. Esto va a dificultar el desarrollo de Vaca Muerta. Desalienta las inversiones, condiciona la construcción de una obra clave y complica la actividad en general de Vaca Muerta. No podemos permitir que el gobierno provincial ceda a la presión que ejercen estos grupos y habilite a que sean parte del proyecto del gasoducto, una obra clave para nuestra provincia y nuestro país”, agregó.