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Ojos que no ven, suelo que pasa factura: el pasivo ambiental en las estaciones de servicio

Cómo la problemática de acarrear un impacto ambiental pone trabas a la hora de desactivar una estación.

La idea de amenaza invisible se vio fortalecida en el imaginario colectivo con la llegada de la pandemia. No obstante, en el 2020, se hizo evidente que por más que un peligro no se deje ver con facilidad, no significa que su impacto sea menor. Y en el caso de la salud del suelo puede ocurrir algo similar. Por más que no podamos ver qué es lo está ocurriendo debajo del asfalto, sería un error sacar la conclusión de que la tierra sobre la que estamos parados se encuentra en buenas condiciones. 

La idea de una estación de servicio con surtidores que regeneran su combustible en forma mágica, sistemática e infinita, sin una estructura de almacenamiento instalada debajo, sólo puede ser una fantasía de la infancia con la que algunos quizás hayan jugado.

La posibilidad de que los tanques, que se posan debajo de los surtidores en las estaciones de servicio, presenten pérdidas y filtraciones hacia la tierra o napas de agua está. Dentro del sector energético existe consenso en ese aspecto. Sin embargo, pueden aparecer ciertas asperezas o desencuentros entre los actores involucrados cuando la estación de servicio quiere abandonar el predio en el que operó. Una vez terminada la fiesta, a nadie le gusta limpiar.

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El combustible ahí alojado tiene cierto nivel de corrosión, lo que genera que con el tiempo el acero de los tanques experimente un desgaste y se pueda presentar una filtración del hidrocarburo que derive en la contaminación del suelo.

Según Daniel Redondo, ex secretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Energía y con experiencia en el área de refinación en Exxon, en la década del 90, “con la desregulación petrolera y los cambios tecnológicos, se empezaron a instalar tanques que son de doble pared y con sensores electrónicos en el medio. Entonces puede ser que se pinche la pared interior, pero la nafta o el gasoil no va a escapar afuera, sino que va a llegar a un detector que activa una alarma”.

De este modo, asegura que lo que se tiene como resultado es un tanque pinchado, pero no un derrame. Se estima que la base de los tanques se encuentra a 4 metros de profundidad, mientras que la distancia con napas de agua varía según la geología del lugar: en Vicente López están a 6 o 7 metros, en Lanús a 40 centímetros y en Campana a 25 metros, por ejemplo. 

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Evitar la remediación

Federico Puntarelli, licenciado en Ciencias Ambientales y asesor de FECRA (Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina), sostiene que “hoy existe toda la tecnología para evitar problemas en el futuro. Y si tenés problemas, tenés una contingencia antes de que la filtración llegue al suelo y el agua”. En su experiencia pudo observar que, en la mayoría de los casos, las filtraciones se producen vía cañerías o a través de los baldes de descarga remota, rara vez en los tanques. “Se pinchan de manera tal que la merma que se está aportando al suelo es indetectable, porque no la capta ni el control volumétrico del stock de tanques ni el control numérico del surtidor”, explica.

Si el estacionero eligiera no hacer nada ante un codo de cañería pinchado, el dolor de cabeza que implica ignorar ese diagnóstico lo estaría comprando a futuro. El día que quiera iniciar la desactivación de la estación, el pasivo será tanto ambiental como económico. Es por esto que Puntarelli sugiere, repetidamente, a estacioneros y empresarios del sector que presten atención a los informes de diagnóstico, porque si no la toma de decisiones les será cada vez más ajena. De lo contrario, “se te terminó el negocio, te quedaste con un cáncer bajo el suelo, con posibles denuncias de vecinos, porque esa napa se va a ir moviendo y puede infiltrar y aparecer en una cloaca”, dice.

“El responsable es el que está vendiendo. Al final del día, el responsable es el estacionero o la petrolera. El que tiene que tener cero pasivo ambiental es el responsable”

Según él, la única forma de conocer si debajo del suelo existe una filtración en una cañería es mediante un estudio de fase 2, un análisis de suelo y agua en el que se toman muestras del suelo extraído. A través de este diagnóstico ambiental, se establece si hay factores aportantes –compuestos derivados de los hidrocarburos totales de petróleo– y, en caso de haberlos, si están dentro del marco legal ambiental aceptable.

El abanico de escenarios posibles que resultan de la fase 2 se basa en cuán contaminados estén el suelo y el agua. Si las autoridades deciden que hay que iniciar una remediación, se interviene el suelo. Por medio de extracciones de vapores y aceleración de oxidaciones, entre otros métodos, se busca subsanar el problema.

“La duración de la remediación está determinada por cuán contaminado estás, proximidad con el agua, las características socioeconómicas (si es zona céntrica o periférica) y la tecnología empleada. Por lo general, no se terminan nunca”, dice Puntarelli. El costo real de desactivar una estación siempre va a estar determinado por lo que sucede debajo de la suela de los zapatos. 

“Nuestro Cromañón”

En un artículo publicado en 2015, la periodista Victoria Guazzone di Passalacqua menciona el caso de noviembre de 2009 en el que Metrogás y la Superintendencia General de Bomberos detectaron una filtración en un edificio ubicado en la esquina de Mendoza y Mariano Acha, en el barrio de Villa Urquiza. Antes de haber un edificio ahí funcionaba una estación de servicio SOL, tras el paso de otras banderas. El olor a gas que acusaban los vecinos desde hace meses daba cuenta de una filtración de hidrocarburos con un nivel de toxicidad diez veces mayor al normal. 

Sin haber terminado de escuchar la intersección de las calles, Puntarelli reconoce el episodio y remarca que “ahí se cometieron todos los errores posibles que se pueden hacer en un proceso de desactivación de una estación. Vino un desarrollista, compró el terreno, mandó todo así nomás a cualquier lado y estaba contaminado el suelo. No se le ocurrió mejor idea que meter una geomembrana en el piso y hacer el edificio sobre esa membrana gruesa”.

Por aquel entonces no había un marco jurídico –aún la APRA (Agencia de Protección Ambiental) no existía– y, al día de hoy, el Gobierno de la Ciudad tiene que pagar un alquiler a los propietarios, mientras los dueños continúan en acciones legales contra los funcionarios de gobierno que aprobaron el estudio de impacto ambiental, las petroleras intervinientes y quienes desarrollaron el proyecto edilicio. “En el sector de la ingeniería ambiental se lo como nuestro Cromañón”, dice Puntarelli.

“se te terminó el negocio, te quedaste con un cáncer bajo el suelo, con posibles denuncias de vecinos, porque esa napa se va a ir moviendo y puede infiltrar y aparecer en una cloaca”

Puede haber una tierra empapada por el combustible que se termine filtrando hacia las napas de agua potables, así como terminar afectando el subsuelo de toda una manzana, como es el caso –de litigio aún vigente– de la estación Shell ubicada en la intersección de Lima e Independencia. Acaso ya un emblema para quienes repasan este tipo de archivo histórico, que significó un fallo sin precedentes en Argentina y que derivó en la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que obligó a la compañía petrolera a subsanar un área contaminada que se extendía en 70 metros por 16 de profundidad. 

“Lo que se había propuesto –dice Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad– es canalizar los hidrocarburos que se filtraron a través de conductos pluviales de la Ciudad, lo que genera ciertos cuestionamientos porque se utilizaría cañería que no están habilitadas para ese uso, al margen de que pueden estar rotas también”. Redondo, por su parte, señala que en esa Shell se deben haber registrado cerca de diez pérdidas en los últimos 50 años, y suma el caso de la ex Esso, ahora Axion Energy, que está en la esquina de Salguero y Avenida del Libertador, en la que “hubo dos o tres veces con pérdidas hacia los sótanos del edificio de al lado”.

Certificado de Aptitud Ambiental

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Agencia de Protección Ambiental es la autoridad que brinda esta certificación y la que vela por el cuidado del suelo y la población a partir de un control que busca advertir posibles “escenarios que representan un riesgo potencial para la población están los asociados a la inhalación de vapores provenientes del suelo y agua contaminada”, según la Resolución 566/15 en materia de Remediación de Sitios Contaminados.

“El responsable es el que está vendiendo. Al final del día, el responsable es el estacionero o la petrolera. El que tiene que tener cero pasivo ambiental es el responsable”, explica Redondo. A su vez, Puntarelli pondera las tareas de control que realizan en la actualidad la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) en territorio bonaerense y la APRA en la Ciudad, autoridades estipuladas como tales en 2014 y 2013, respectivamente.  

A partir de lo que ocurrió en Acha y Mendoza, “ningún funcionario público en la Ciudad de Buenos Aires, donde diga ‘tanques de combustible’, te va a firmar nada a no ser que le lleves todos los informes”, señala el asesor de FECRA. A su vez, no desconoce que más allá del tercer cordón del conurbano los controles ambientales se flexibilizan. 

El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad dice que, al margen de lo que pueda ocurrir con los espacios que abandonan las estaciones de servicio, “los certificados de aptitud ambiental para construir edificios tuvieron que ir varias veces a la Justicia porque habían sido dados con una categorización equivocada, y eso categorización lo que hacía era evitar que la empresa tuviera que hacer un impacto de estudio ambiental y llamar una audiencia pública”. 

De modo de evitar inconvenientes en un futuro que, además de laboratorios y monitoreos del suelo, puede invitar a abogados con una servilleta colgada en su camisa, Puntarelli recae en la necesidad de “hacerle entender a los empresarios del downstream que están perdiendo un montón de plata por pendejadas que pueden solucionar”. Y resume: “Están generándose pasivos económicos y judiciales por no prestar atención a este tipo de cosas. Cuando vos tenés un predio contaminado, ya deciden terceros”.