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Nación y Mendoza toman el control de IMPSA y fijan una cláusula “anti ñoqui” para asegurar una gestión profesional

Ambas partes se harán con casi el 85% de las acciones de esta empresa clave para el desarrollo de proyectos energéticos. Los acuerdos para mantener la competitividad de la empresa.

Tal como se preveía, el Estado Nacional y la provincia de Mendoza se harán cargo de la delicada situación financiera que atraviesa IMPSA e ingresarán como accionistas mayoritarios con una inversión 15 millones de dólares y 5 millones de dólares, respectivamente. De esta manera, el Estado argentino pasa a ser dueño del 63,7% de las acciones de una compañía de vanguardia en materia de tecnología, reconocida a nivel internacional y evidentemente estratégica para el gobierno nacional. La provincia gobernada por Rodolfo Suárez, a su vez, se quedará con un 21,2% de las acciones.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo fue quien anunció el ingreso del Estado como parte accionaria de la firma, junto a Suárez y Juan Carlos Fernández, CEO de la metalúrgica. El ministro definió a IMPSA como “una empresa estratégica para el desarrollo nacional”. Asimismo, señaló que ahora “debemos trabajar para que con profesionalismo podamos volver a colocar a IMPSA en los principales mercados del mundo. Industria es investigación, desarrollo, tecnología y trabajo. Industria es un desarrollo nacional posible con justicia social. Industria es IMPSA. Hoy es un día feliz para este ministerio, el país recupera las capacidades productivas de IMPSA y comienza una etapa que esperemos nos permita ofrecerle al mundo trabajo argentino con alto valor agregado”.

En el gobierno Mendoza entienden que la intervención de la provincia en la empresa responde más bien al final de un proceso en el que la presencia del gobierno provincial se hizo necesaria para evitar inconvenientes que podrían haber sido mayores de no hacerlo. “No había otra opción. Después de agotar varias alternativas, hubo que avanzar con la integración Estado-capital privado en la empresa. Ahora viene un desafío importante, que es el de hacer funcionar a la empresa”, considera una fuente allegada al gobierno provincial.

Los dos desafíos que tiene Nación de cara a lo que viene, entienden, es, por un lado, la capacidad de generar empleo que debería aportarle el Estado a la compañía, a partir de “las turbinas de Yacyretá, algunos conversores, el reactor CAREM, o proyectos de energías renovables en el país”. En segundo lugar, lo que esperan desde la compañía es poder renovar su peso en la competencia en el exterior, para lo que Nación debería brindarle los avales para hacerlo. En definitiva, la lupa se pondrá ahora sobre la gestión que el Estado haga dentro de la empresa

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Poniendo todo en la balanza, las consideraciones por el lado de Mendoza pasan más por “una sensación rara, ambigua” producto de esta participación accionaria que podría afectar la competitividad de una empresa líder a nivel global si se repiten los clásicos malos ejemplos de gestión pública.

“Hubiese sido peor que se perdieran los 700 puestos de laburo que tiene hoy, el entramado pyme que tiene alrededor, y gran parte de los 700 empleados es un capital humano muy capacitado y especializado, y muy valioso para Mendoza y el país”, señala el allegado al gobierno provincial.  El presente financiero de la empresa estaba lejos de ser el deseado, al punto que, en agosto del año pasado, tomó la decisión de pedir un rescate al Estado. En esta línea, considera que la ambigüedad pasa por el hecho de que no deja de ser una “muestra la decadencia de una empresa como IMPSA, con lo que significa para el país”.

Para ser parte de esta decisión de integración, Mendoza puso la condición de que la empresa permanezca en la provincia por al menos 30 años. Al mismo tiempo que estipuló una “cláusula anti ñoqui” que establece que todo profesional que ingrese a la firma debe tener un perfil técnico preciso que dé cuenta capacitación adecuada para la tarea, lo que responde a uno de los temores de la empresa y la provincia sobre lo que pueda decidir el gobierno nacional respecto al ingreso y gestión del personal.

Por otra parte, Juan Carlos Fernández, CEO de IMPSA dijo que “el apoyo de los Estados provincial y nacional permitirá producir y exportar talento, promover empleo y potenciar una cadena productiva de más de 100 PyMES. Uno de los puntos más importantes de esta capitalización es que se preservan años de inversión en tecnología y de formación en el capital humano”. En Mendoza reúnen fuerzas para que Fernández siga estando al frente de la empresa, pero saben que eso dependerá de Nación.

La empresa mendocina fundada por Enrique Pescarmona en 1907 –que cuenta al día de hoy con proyectos desarrollados no sólo en Latinoamérica, sino también en Europa, Estados Unidos y Asia, entre otros lugares–, viene de recibir un revés por parte de Nación, cuando meses atrás la Secretaría de Energía rechazó el pedido de revisión del proceso de licitación en el que compitió por la ampliación de la obra Yacyretá. Obras que, más allá del pedido de la empresa, terminó siendo adjudicada a la firma alemana Voith Hydro.

En la actualidad, IMPSA se enfoca en el proyecto más grande que encaran hoy: la represa Portezuelo del Viento (sur de Mendoza), en cuya licitación salió adjudicada en una UTE junto a la china Sinohydro pero la obra se vio retrasada por el pedido de Nación de realizar nuevos estudios de impacto ambiental.