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Martínez baja las multas de los proyectos renovables trabados, pero aún no hay solución para liberar capacidad

La secretaría decidió reducir las penalidades en un 70% y ofreció un plan de cuotas para financiarlo. Se espera por una segunda resolución para darle salida a aquellos que buscan rescindir.
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La secretaría de Energía emitió una primera resolución para empezar a atender la problemática de los proyectos renovables paralizados que obstruyen capacidad de transporte y así impiden el ingreso de nuevos parques.

Según el texto publicado este martes en el Boletín Oficial, Cammesa podrá reducir las penalidades por no cumplir con la fecha prevista de despacho de energía en un 70%.

Este importe será descontado en 12 cuotas a partir de la fecha de habilitación comercial, con la alternativa de optar por un plan de 48 cuotas, pero pagando una tasa efectiva anual en dólares del 1,7%.

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Por otro lado, en caso de que las empresas puedan probar un avance de obra del 70%, tendrán un año más de plazo para poder terminar sus parques renovables licitados en las famosas rondas Renovar del gobierno de Macri.

“La resolución limita un poco las penalidades y le da aire a los proyectos que pueden terminar de construirse. Es una muestra de buena voluntad del gobierno”, señalan a EOL desde una de las empresas del sector, aunque también hacen hincapié en la necesidad de darle una salida a los proyectos que no se ejecutarán.

Es que, si bien el texto desarrollado por Darío Martínez intenta incentivar la finalización de los proyectos trabados, hay muchos que bajo ninguna manera se finalizarán por el fuerte incremento de los costos financieros que desató la crisis económica argentina a partir del 2018 y el posterior cepo a la compra de dólares.

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Según informaron fuentes oficiales a este medio, la secretaría está trabajando en una segunda resolución para atender a esta demanda y así poder liberar capacidad de transporte, el principal cuello de botella que hoy está frenando el crecimiento del sector.

“Se está trabajando en otra Resolución que va a salir entre dos y tres meses. La idea es dar mejores condiciones de recisión. Una posibilidad es reducir la potencia estipulada originalmente y no pagar multa”, destacaron.

En el sector privado reconocen este diálogo con la secretaría y la promesa de mayores flexibilizaciones para resolver este escollo, pero dejan en claro que “el asunto todavía está verde”.