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Las garantías por el contrato con Pfizer abren una polémica por las regalías petroleras

El Gobierno sostiene que solamente pusieron como respaldo la producción offshore que corresponde a la órbita nacional, pero la oposición dice que hay riesgos de que un tribunal extranjero aplique otra interpretación.
Gustavo Menna, Diputado Nacional de la UCR por Chubut.

La reciente modificación de la ley de vacunas abrió una fuerte controversia entre oficialismo y oposición por el resguardo de las regalías petroleras provinciales. Con el afán de otorgar las garantías necesarias para que los principales laboratorios estadounidenses -en especial Pfizer- se presten a cerrar contratos con Argentina, el Gobierno eliminó la palabra “regalías” del listado de bienes que no pueden ser ejecutados ante una eventual demanda.

Al constatar la letra chica del DNU que alteraba la normativa sancionada el pasado noviembre, la oposición advirtió la inconstitucionalidad de pretender disponer de un tributo de potestad provincial, lo que fue rechazado por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

“Hay un pedacito de regalías que cobra el Estado nacional, que es la liquidez que se puso. Y es por si no responde el fondo de reparación que creamos, no responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor y cuando se da vuelta tampoco paga el Estado. No hay ningún bien provincial involucrado”, señaló durante su exposición frente a la bicameral de trámite parlamentario que se encontraba analizando dicho decreto.

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En concreto, lo que sostiene el Gobierno es que las únicas regalías involucradas son las correspondientes a la producción offshore a partir de la milla 12, único espacio geográfico hidrocarburífero bajo la órbita nacional según la ley local. Pero el hecho de que esta producción represente apenas el 0,8% de la actividad petrolera despierta dudas en los diputados de Juntos por el Cambio.

“Si alguien pidió esa garantía, no creo que lo haya pedido por algo tan insignificante. En el mejor de los casos va a dejar lugar a la interpretación y no está bueno dejarlo a la interpretación de un juez en un tribunal extranjero”, destacó a EOL el chubutense Gustavo Menna.

“El decreto quita determinados bienes que antes estaban a salvo y ahora pasan a estar disponibles para un eventual juicio. En el caso de Chubut, las regalías financian una tercera parte del presupuesto, lo que comprometería directamente el normal funcionamiento de la provincia”, agregó.

Por su parte, la diputada oficialista Carolina Gaillard, le quitó relevancia al tema por la ínfima posibilidad de un reclamo semejante. “No se está poniendo en juego el patrimonio, se crea un fondo especial para responder. Si no responde el fondo, responde el Estado y, en última instancia, podría ser que se reclame un bien del Estado. Pero es muy remota esa posibilidad”, afirmó en una entrevista con América.

Ante la consulta de este medio, una conocida abogada especialista en litigios de Derecho Constitucional -quien prefirió mantener su nombre bajo reserva-, avaló la visión opositora al destacar que “un juez internacional actúa porque se le otorga jurisdicción por tratado internacional, suscripto por Cancillería y aprobado por el Congreso Nacional”. “A su vez, el Gobierno Nacional no podría, bajo Convención de Viena, invocar obligaciones de las unidades locales, estaduales o provinciales para no responder internacionalmente”, sintetizó. “El inversor extranjero demanda al Estado Nacional, no puede demandar a la provincia. En todo caso, Nación indemniza y repite contra la provincia”, concluye en ese sentido.