La exposición de Federico Bernal y de otros referentes del kirchnerismo se diferenció de la postura de la Secretaría de Energía.
El debate sobre la actualización tarifaria se hizo presente en las audiencias públicas por el precio del gas natural de este lunes y martes, donde se reflejó la interna que cruza al oficialismo.
Por un lado, la Secretaría de Energía volvió a dejar clara la postura que comparte con el ministro Martín Guzmán a través de la exposición de la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto.
La funcionaria basó su discurso en el informe técnico que publicó el equipo de Darío Martínez a principios de mes, en el cual se advierte que la tarifa de gas debería actualizarse entre un 26% y un 35% para que el Gobierno no tenga que aumentar las partidas presupuestarias destinadas a subsidiar a los usuarios.
“En base a todos los análisis, las certezas y probabilidades que se analizan desde la Secretaría de Energía, el costo fiscal total para el 2021 que debería asumir el estado nacional corresponde a 110.586 millones de pesos. O bien el estado genera una partida adicional de entre $36.736 millones y $56.087 millones que nos estarían faltando, o dando cumplimiento a la pauta presupuestaria debería analizarse una corrección de tarifas en facturas finales”, sentenció Videla Oporto.
En línea con esta mirada, la subsecretaria enfatizó que la Ley de Presupuestos dice que el Estado debería afrontar el 37,5% del costo total del gas -cuando hoy está en el orden de entre el 55% y el 60%- y agregó que en caso de que el usuario asuma esa diferencia, una tarifa promedio podría aumentar unos 111 pesos en la categoría más baja.
[La tarifa de gas debería subir hasta un 35% para no tener que aumentar los subsidios]
Luego de la apertura de la audiencia del lunes de Videla Oporto, llegó el turno de la participación de decenas de asociaciones que velan por los derechos de los usuarios, donde hubo un rotundo rechazo a cualquier posibilidad de aumento y se cuestionó el desconocimiento de los costos reales de la producción de gas natural.
Pero quizás el testimonio más duro fue el de la Diputada oficialista Fernanda Vallejos, muy cercana a la Vicepresidenta Cristina Kirchner. La economista refutó los dichos del titular del Palacio de Hacienda quien sostuvo que el déficit genera inflación, al calificar esta mirada como “parte del ideario neoliberal, compartido por los neoclásicos y por la versión más edulcorada que expresan los neokeynesianos”.
“Los ingresos de los argentinos y las argentinas no se han recuperado como para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso, a esta Secretaría le toca la inmensa responsabilidad de determinar en base al costo real de producción del gas, la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad. De racionalidad, además en pandemia, donde el lucro empresario debe subordinarse a un fin superior que es el pleno goce de un derecho social, de un derecho humano, que es el acceso del conjunto del pueblo argentino a un servicio público esencial con tarifas justas y razonables”, finalizó.
Ya el martes, cuando tuvo lugar la audiencia dedicada al segmento de transporte y distribución que es potestad del Enargas, su interventor Federico Bernal hizo una larga exposición de apertura que también criticó la mirada fiscalista a la hora de regular tarifas.
“En todos esos análisis de lo único que se pretende discutir es sobre su impacto en la balanza comercial, si ganamos o perdimos capacidad exportadora, los muchos o pocos subsidios. En todos esos análisis falta algo medular: el ser humano”, dijo y pidió que las tarifas sean “justas, razonables y asequibles” como estableció el histórico fallo de la Corte Suprema de 2016.
