Sus referentes cuestionan el costo fiscal que implicará al Estado el plan de incentivo a la producción gas. Cómo puede afectar a los usuarios.
El instituto encabezado por Jorge Lapeña cuestionó la medición de costos realizada por el Plan Gas lanzado hace un mes desde Vaca Muerta y uno de sus referentes señaló que en el esquema hay una subestimación fenomenal del costo fiscal del orden de los USD 1.300 millones.
Luego de que Lapeña describiera al Plan Gas, en una columna publicada el jueves en el diario Clarín, como una iniciativa de subsidio a productos con altos precios “mediante mecanismos de dudosa competencia”, en diálogo con EOL, Alejandro Einstoss, economista en jefe del instituto, sostuvo que esa diferencia en el costo fiscal radica en la imposibilidad de mantener el nivel de subsidios del 2020 con la asignación referida a los mismos en el Presupuesto 2021.
“El Gobierno dice que va a mantener el nivel de subsidios del 2020. Son 2,2 puntos del PBI para el transporte y la energía. Hay dos temas que observamos que no estarían incluidos en esos 2,2”, dijo Einstoss. El primero de ellos el Plan Gas, señaló: “aparece en el presupuesto con un crédito fiscal de poco más de USD 200 millones, sin embargo, en el anuncio en Neuquén presentaron un costo fiscal de USD 1490 millones sólo para el 2021. Se presenta una diferencia cercana a los USD 1.300 millones que no están en el presupuesto”.
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En segundo lugar, hizo referencia al vínculo de la normativa con el rol de Cammesa: “El artículo 17, por el cual el Estado Nacional se hace cargo de deudas de Cammesa con generadores. Y el artículo 87, por el cual faculta a la Secretaría de Energía a licuar en un plan de pagos muy beneficioso las deudas que las distribuidoras tienen con Cammesa por la energía vendida”.
Según él, esto llevaría a un escenario de mayores subsidios, “porque el Estado se tiene que hacer cargo de una deuda, mientras que lo dispuesto en el artículo el 87 genera menores ingresos porque esa deuda no se va a cobrar”. Entonces, “¿qué pasa con esos 2,2 puntos del PBI si le agregamos esto?”, se preguntó Einstoss.
Por otra parte, Julián Rojo, también miembro del Mosconi, salió a cuestionar el esquema de incentivo a la producción gasífera vía Twitter, y sostuvo que, pensado de este modo, el subsidio a producción gasífera, implicaría indefectiblemente un ajuste en las tarifas de los usuarios: “Incluso con ese nivel de subsidios (sumando USD 6.000 millones a Cammesa), si el gobierno quiere mantener estable la relación subsidios/PBI, tiene que haber un aumento en las tarifas de servicios con un piso del 65% al segmento medio y alto de los usuarios”.
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A su vez, Rojo criticó la autorización a la Jefatura de Gabinete “a reasignar partidas y a manejar la aplicación de los certificados de créditos fiscales para compensar a Provincias y CABA. Esto implica un altísimo nivel de discreción”.
En el aspecto tarifario, Einstoss anticipó que “si la tarifa social no aumenta, la clase media tendrá que enfrentar tarifas superiores al aumento por inflación. En promedio, aumentarían un 40%, pero en el medio los promedios enfrentan fuertes dispersiones. Quizás, puede haber aumentos de hasta el 60%”.
En consecuencia, desde el instituto consideraron que, con este panorama, “el tema de subsidios deja de ser un problema sectorial para ser un problema macroeconómico de primera magnitud al superar los 3 puntos del PBI tal como sucedió en el pico de subsidios del 2014. Y el FMI, claramente, va a poner el ojo en ese punto”.
