Mediante una resolución del Ejecutivo, fueron convocadas las distribuidoras para establecer un Régimen Tarifario de Transición, luego de su pedido vehemente de actualización de tarifas.
A través del ENRE, el Gobierno inició el procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas del suministro eléctrico y convocó a las empresas distribuidoras, entre ellas Edenor y Edesur, en el marco de una etapa de transición que luego debería llevar a un “Acuerdo Definitivo de Renegociación” entre ambas partes.
Con esto, las distribuidoras hacen una buena lectura de este llamado por parte del Gobierno y entienden que de este modo es otro el panorama que afrontan en comparación con apenas unos días atrás. La posibilidad de que el descongelamiento de la tarifa se pospusiera en forma indefinida generó cierto temor y enojo en las distribuidoras.
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A mediados de diciembre pasado, el Ejecutivo había dispuesto la prórroga de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la materia tarifaria por 90 días, lo que encendió las alarmas en un sector que desde hace meses afronta la imposibilidad de actualizar la tarifa del servicio, cuando sus costos productivos incrementan.
En un duro comunicado de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), emitido una semana atrás, el ente que agrupa a las 47 distribuidoras que operan en el país, esgrimían que “las tarifas de los servicios públicos que rigen actualmente en el país son las más económicas de la región, comparadas por ejemplo con Uruguay, Brasil o Chile. Esto implica un fuerte atraso monetario en las distribuidoras que trae como consecuencia falta de fondos para continuar con el necesario nivel de inversiones para mantener la calidad del servicio”.
Esta advertencia del sector dio cuenta de la amenaza concreta que significaría para el servicio de energía eléctrica el no actualizar las tarifas en marzo, por lo que esta convocatoria del Gobierno llega como un bálsamo, ya con la certeza de que podrá hacer la actualización en marzo.
La incógnita que no queda subsanada es la de la magnitud que tendrá el ajuste tarifario, si será de no más un dígito, como pretende la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o mayor. En el mientras tanto, la Secretaría de Energía continúa estudiando el esquema tarifario general en el que anticipó que hará hincapié en la herramienta de una tarifa social.
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Por lo pronto, lo que se conoce, según anticipó el secretario de Energía Darío Martínez, es que la tarifa a pagar por el usuario se dividirá, a grandes rasgos en tres grupos, según la economía del usuario: un ajuste nulo o nimio para aquellos que no tengan la posibilidad de pagar su consumo; en el caso de las clases medias, el ajuste estaría atado al índice inflacionario y, por último, con el ajuste que absorba el sector más pudiente, las distribuidoras podrían recuperar parte de las pérdidas producto del congelamiento.
En simultáneo, en la Resolución 16/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo determina “que en las adecuaciones tarifarias transitorias se deberá atender a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, como así también la implementación de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes”.
