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El ENRE eleva la confrontación y asegura que no otorgará las tarifas que piden las empresas

“Lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo con un servicio del tercer mundo”, afirmó su interventor, Walter Martello, en clara respuesta a Edesur.
Generación eléctrica

La última audiencia pública que faltaba para que el Gobierno defina los nuevos aumentos tarifarios de este año fue el escenario que eligió el ENRE para elevar la confrontación con las distribuidoras y responder a las críticas del CEO de Enel, la controlante de Edesur.

El interventor del organismo regulador afirmó que las empresas “no van a obtener la tarifa que piden”, sino “la que los usuarios pueden pagar en el actual contexto social”. “Nuestro interés está en la economía real, en que las tarifas sean asequibles, es decir, que se ubiquen dentro de la verdadera capacidad de pago de los usuarios del servicio, y que abonar dicho servicio no implique un esfuerzo excesivo sobre la economía familiar”, agregó Walter Martello.

Por otro lado, advirtió que le exigirá a Edenor y Edesur “un plan de inversiones que garantice un servicio eficiente y de calidad” y planteó que “lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo servicios del tercer mundo”, en clara respuesta a las declaraciones del CEO de Enel, Francesco Starace, sobre la “bizarra regulación argentina”.

“Resulta bizarro no poder gestionar un negocio en un mercado no competitivo y con usuarios cautivos. Si las pésimas calidades de servicio se producirían en un mercado competitivo, el operador del servicio deficiente se quedaría sin ningún cliente”, añadió en esa línea.

Por su parte, las dos distribuidoras eléctricas del AMBA coincidieron en la gravedad de la situación actual producto del descenso de sus ingresos en términos reales producto de ajustes de tarifa muy por debajo de la inflación durante los últimos 3 años.

Federico Méndez, gerente de Planeamiento de Edenor, marcó la diferencia de trato con otras firmas privadas que operan en el resto de los segmentos de la industria energética como la generación eléctrica y los productores de hidrocarburos.

“No creemos justo que tengamos un tratamiento tan distinto y con esta rentabilidad para accionistas que apuestan a invertir en el país. En comparación con el resto del país, en algunas provincias se paga hasta tres veces lo que pagan los clientes de Edenor”, dijo.

“Los aumentos de los últimos años, especialmente en 2022 producto de la quita de subsidios, incrementaron las facturas, pero tuvo como destino a la generación y productores de gas. Estamos frente a la oportunidad de corregir estos desajustes. Si nada cambia, los ingresos de Edenor no van a ser suficientes para cumplir con todas sus obligaciones. Nos comprometemos a realizar las inversiones, pero los ingresos no van a alcanzar para las compras de energía y los impuestos”, agregó.

En ese sentido, solicitaron el monto que se necesita para cubrir el déficit de este año, que asciende a $205.600 millones. La referencia, para dar una idea del impacto que esto tendría en factura final para el 80% de los clientes, sería un incremento promedio del 46% al pasar de una factura de $1.877 a una de $2.757.

Según Méndez, el componente de distribución en la tarifa bajó del 33% al 20% en los últimos cinco años, mientras que la generación aumentó del 42% al 56%, lo que se explica por el miedo del Gobierno a quedarse sin energía sin un mayor incentivo a las generadoras.

Este planteo se observó también en la audiencia de las transportistas de gas, donde TGN aprovechó la urgencia por el declino en los envíos de Bolivia para solicitar un aumento especial del 15% para realizar una obra para aumentar la capacidad de reversión del gasoducto Norte.

Este incremento fue autorizado este lunes mediante la Resolución 17/2023, con el cual la empresa debería iniciar los trabajos para adecuar las plantas compresoras Tío Pujio y Leones para que puedan operar de manera bidireccional.

Este primer conjunto de obras para revertir el flujo del gasoducto Norte demandarían 3.236 millones de pesos, a cuenta de TGN, que permitirían ampliar la capacidad de transporte de sur a norte en 3 millones de m3/d y generarían un ahorro en importaciones para el Estado de 23 millones de dólares mensuales.