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Bernal sale al cruce del Plan Gas 4 y señala un perjuicio a las cuentas del Estado

El ente cuestiona puntos fundamentales de la normativa que busca incentivar la producción de gas en el país y que, después varios idas y vueltas, estaría a días de presentarse.
Federico Bernal, interventor del ENARGAS.

Cuando se supone que faltan apenas días para el anuncio del Plan Gas 4, el Enargas salió a criticar duramente al esquema 2020-2024, a través de un documento en el que analiza en detalle y cuestiona las condiciones que plantea la Secretaría de Energía a los productores, las cuales significarían subsidios de más de USD 1.400 millones anuales (USD 7.600 millones contando a todos los energéticos sólo en 2021) y “un compromiso de inversión muy laxo” por parte de las compañías.

Según el ente regulador, el esquema no sólo plantea un marco regulatorio que generaría un beneficio en los ingresos de los productores “sin hacer demasiados esfuerzos de inversión a partir de una base de inyección artificialmente baja”, sino que también incurre en fallas vinculadas a la autoridad de aplicación de la normativa. En concreto, el Enargas sostiene que la implementación del esquema derivaría en “actuaciones nulas, viciadas por incompetencia en razón de la materia”, ya que es el ente regulador quien tiene la potestad que se atribuye la Secretaría de Energía en el texto del plan.

“El esquema avanza sobre cuestiones reguladas por la Ley N° 24.076 cuya Autoridad de Aplicación es el Enargas. La Secretaría de Energía no es legalmente competente para definir los niveles del traslado (pass through) del costo a la demanda prioritaria”, especifica el documento que lleva la fecha del 12 de agosto, pero que curiosamente se filtró en los últimos días.

A su vez, de acuerdo a lo que sostiene el ente, el principal perjudicado a partir de este esquema de gas sería el Estado, ya que los subsidios al gas y la electricidad el año que viene alcanzarían los USD 7.685 millones, si se considera “el precio promedio anual del año 2020 de la demanda prioritaria (1,3 y 2,5 USD/MMBTU Patagonia y resto, respectivamente) y una referencia de 2,5 USD/MMBTU para Cammesa”.

Por otra parte, señalan que los usuarios “podrían sufrir perjuicios derivados de la incapacidad del esquema para garantizar el abastecimiento”, debido a la falta de resolución en torno a un escenario de falta de gas, lo que se terminaría traduciendo en un aumento de la tarifa.

Con esto, los objetivos trazados por el Plan Gas 4 dejan entrever las diferencias paradigmáticas que existen en la cúpula de funcionarios que toman las decisiones en materia de políticas energéticas, particularmente respecto al gas de Vaca Muerta. Por una parte, Federico Bernal, titular del Enargas, entiende que la vasta producción gasífera con la que se puede contar debe estar destinada a la demanda local, mientras que desde el Ejecutivo –y más con la designación del neuquino Darío Martínez, de vínculo estrecho con los productores– esperan que el sector genere divisas como resultado de las exportaciones.

Algunas voces oficiales dentro del sector energético subrayaron a EOL que el “verdadero problema va a ser el día que la economía se recupere”, en referencia a los bajos precios que maneja el mercado hoy, que aún atraviesa una pandemia que genera una incertidumbre a la que nadie se anima a ponerle una fecha de vencimiento. Mientras que las importaciones no signifiquen un marcado quiebre en la balanza comercial, el dolor de cabeza parece posponerse.

Además de que el esquema “no es claro en relación a la autorización de exportaciones en firme”, el informe señala que los daños que resulten de la volatilidad cambiaria serían absorbidos en su totalidad por el Estado Nacional, tal como sucedió en el mandato de Mauricio Macri y motivó la denuncia penal hacia el ex ministro Juan José Aranguren.  

Con la asunción de Martínez, se sumó el paso del área energética a la órbita del Ministerio de Economía de Martín Guzmán. Como lo explicó EOL, sobre su figura recaen muchas de las incógnitas que hay en el sector respecto al rumbo que emprenderá el gobierno, tanto respecto a la producción gasífera como petrolera. En definitiva, al ser el funcionario que ahora pone la firma, las miradas también se posan sobre él.