El ex subsecretario de Hidrocarburos, se refirió al esquema de tarifa social y a la necesidad de evolucionar hacia una segmentación tarifaria.
Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos, que abandonó su cargo tras la disposición del organigrama en la Secretaría de Energía, hizo su primera aparición en forma pública tras su salida de la cartera energética y respaldó la mirada de Martín Guzmán en torno al descongelamiento de tarifas. Con moderación, Carbajales señaló que la situación macroeconómica actual del país requiere la evolución del esquema de segmentación de la tarifa social.
Como parte de una jornada realizada por Energy Forum de la que también participaron Nicolás Gadano, ex gerente general del Banco Nación durante el gobierno de Macri, y Alejandro Einstoss, jefe del Instituto Mosconi, Carbajales señaló, sin dar nombres propios, que “hay que avanzar en una segmentación que haga más eficiente el uso de esos recursos estatales. Que se pueda focalizar el destino de esos fondos públicos y hacer que todo el sistema sea más coherente”.
Es así que Carbajales, de cara a pensar una alternativa entre un enfoque puramente economicista y otro centrado en el derecho al acceso por sobre todo, entiende que necesario “que efectivamente el recurso aparezca, que se puede repagar su costo para dar señales de mercado y quien no puede afrontar ese costo tenga una ayuda estatal directa”.
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Hombre de la confianza de Matías Kulfas, Carbajales fue uno de los funcionarios que abandonó su cargo tras el pase de la Secretaría de Energía a la órbita del Ministerio de Economía, comandado por Martín Guzmán. Hasta ese entonces era el funcionario más importante de la cartera energética, por encima incluso de Sergio Lanziani que ocupaba el cargo de modo decorativo. De hecho, Carbajales fue el autor del Plan Gas que terminó concretando Darío Martínez.
En septiembre del año pasado, el movimiento fue entendido como un guiño de parte de Cristina Fernández de Kirchner a la gestión de Guzmán. Hoy se hace evidente que, en estos meses, el agua que pasó bajo puente se fue haciendo cada vez más turbia y el escenario actual de ese vínculo entre el protagonista del canje de la deuda con los acreedores y la vicepresidenta es otro. En el medio de esta novela, aparecen varios nombres y ahora se sumó el de Juan José Carbajales.
Como parte de caminos posibles en términos de políticas públicas al momento de encarar el tema tarifas, remarcó que “una solución reside en un Estado que no piense en el diferencial costo-tarifa, sino que preste el servicio en su totalidad a todos los usuarios sin discriminación alguna, a todes, todites. Siempre. Derechos económicos, sociales y culturales para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
“¿Pero es así de fácil?”, arrojó la pregunta. Según él, “dependerá de que las arcas del Tesoro rebasen de oro, dólares, yuanes, criptomonedas y de que existan empresas cien por ciento estatales que operen en forma integrada en toda la cadena de valor. Este modelo funcionó durante décadas, pero hoy por hoy las condiciones distan de repetirse”.
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En vínculo con la herramienta de la tarifa social y frente a la incertidumbre de cómo conviene auxiliar a los usuarios vulnerables, planteó que “una opción que luce eficiente es la devolución directa de ese valor”. Un ejemplo de ello es el del Programa Hogar, dijo.
Según él, se trata de “una política pública que reintegra parte del costo de la garrafa de GLP vía tarjeta de Anses al consumidor en situación de vulnerabilidad. Así el prestador invierte y mantiene el servicio con estándares de calidad y resiliencia, el usuario asume el costo económico y hace una utilización racional y eficiente”. Y aquel usuario que no pueda afrontar su peso económico “recibe una ayuda directa del fisco para que la pauperización en la que se encuentra no se vea agravada aún más por la falta de acceso a condiciones dignas de vida”, subrayó.
Además, aseguró que “es en vano pensar en el fin de la cadena sin ocuparse de su inicio”. “Si se trata de un servicio de carácter económico que es costeado por un prestador privado, la regulación debe prever las bases para el recupero de la inversión, aquella efectivamente realizada que permita prestar el servicio en condiciones de calidad, confiabilidad y expansión de las redes a la vez de habilitar una ganancia justa y razonable al operador”.
Pero aclaró “sea lo que fuere que justa y razonable represente en la práctica, pero claramente no debe ser ni nula ni exagerada”.
